Cumbre Río+20: Decisiones con sabor a poco

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Reporte Energía, Rio de Janeiro, Brazil

La Cumbre Río+20, una de las reuniones mundiales más importantes sobre desarrollo sostenible, concluye con una sensación de frustración por la falta de resultados concretos. Para la ONU y algunos gobernantes, es un paso inicial y no el final.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, llamada también Río+20, culminó el viernes 22 pasado, con la aprobación del documento “El futuro que queremos”, adoptado por cerca de 191 países participantes. Este texto final fue catalogado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como “un buen documento, una visión sobre la que podremos construir nuestros sueños”.

A su vez, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, declaró su total satisfacción por los resultados logrados. “Brasil fue el responsable por construir un consenso posible, que viene a ser un punto de partida y no de llegada”, afirmó.

"Los líderes del mundo se reunieron en Río de Janeiro para decir que la prioridad máxima del mundo es la erradicación de la pobreza, y la segunda prioridad es un cambio de los patrones de consumo y producción que sean viables para un mundo que tendrá 9.000 millones de habitantes para 2050", afirmó la primera autoridad de Brasil. Ya en el año 2030, según la ONU, se necesitarán 50% más alimentos, 45% más energía y 30% más agua sólo para vivir como vivimos hoy.

Un tema que rondaba las reuniones y parecía ser de alta importancia era la economía verde. Sin embargo, quedó desfigurado al eliminarse la propuesta de crear un mecanismo que ayudase a alcanzar la meta de desarrollo sostenible y que asesorase a los países en desarrollo a tener acceso a fondos y tecnología.

Fue sustituido en el documento final por un abstracto párrafo, que reconoce “la importancia de unir financiamiento, tecnología, capacidades y necesidades nacionales para llevar a cabo políticas en materia de desarrollo sostenible, incluyendo la economía verde”.

Para el embajador de Brasil ante la ONU para la Río+20, Luis Alberto Figueiredo, fue una buena noticia el que se haya producido un acuerdo en el tema, debido a que no había consenso sobre el significado del concepto de economía verde.

La controversia encontrada desde antes de la cumbre, fue acerca del financiamiento, donde al final no hubo unanimidad. El G77 de países en desarrollo más China, incluida Bolivia, proponía la creación de un fondo verde para financiar el desarrollo sostenible, a ser costeado por los países ricos, lo que fue rechazado por los mismos.

“Muchos países no quisieron firmar la cuestión del financiamiento, los países desarrollados no lo quieren en la pauta. Es un tema en el que tenemos que avanzar en el futuro”, dijo Rousseff. Ahmed Alfa, Ministro de Medio Ambiente de Nigeria, cree que sin el financiamiento público para la transferencia de tecnología en los países en desarrollo, no se dará el resultado esperado.

“El futuro que queremos”, documento firmado

El documento final aceptado, denominado “El futuro que queremos”, se enfoca en las principales amenazas al planeta, entre ellos la desertificación, contaminación, deforestación, agotamiento de recursos pesqueros, extinción de especies y el calentamiento global, categorizado como “uno de los principales desafíos de nuestros tiempos”.

Según las Naciones Unidas, el documento es una “guía para que el mundo pueda hacer una transición hacia una economía verde inclusiva”. Es también “un abanico de conclusiones que, si implementadas a lo largo de los próximos meses y años, proporcionarán la oportunidad para potenciar los caminos hacia un siglo XXI más sostenible”, informa un comunicado de la ONU. 

En el texto final no se establecen objetivos ambiciosos para el futuro, ni responsabilidades, sin embargo, instituye el inicio del proceso para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas para los avances sociales y ambientales de los países, que sustituirán las Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, que expiran en 2015.

Según Jorge Luis Ramírez, miembro de un grupo de ONGs de Guatemala, el documento plantea la necesidad de definir claramente lo que es la economía verde, “pues se conciben diferentes abordajes, visiones, modelos y herramientas disponibles para que cada país, según sus propias circunstancias y prioridades nacionales, pueda alcanzar el desarrollo sostenible”.

Para Dilma Rousseff, un avance sobresaliente de la cumbre ha sido la creación de un nuevo indicador de riqueza que supere las limitaciones del PIB e incluya datos sociales y ambientales en cada país.

Un tema que anteriormente prometía dar lucha durante la Río+20 era la propuesta europea de creación de una organización mundial que supliera al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que fue objetado por Brasil y Estados Unidos. Al final se decidió fortalecer el ya existente PNUMA.

Compromisos asumidos

Con la adopción del texto “El futuro que queremos”, los gobiernos y gobernantes se comprometieron a dar un giro a la economía local, regional y mundial, para avanzar hacia una economía verde, que frene la degradación del medio ambiente y combata la pobreza.

Para lograr estos resultados fueron planteados compromisos destacados por temas a continuación:

- Objetivos de Desarrollo Sostenible

Hasta septiembre de 2013 se creará y adoptará un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orientará al mundo para enfocarse en el desarrollo responsable con el medio ambiente. Un grupo de 30 representantes de diversos países será el responsable de definir los temas que guiarán los ODS. Éstos se orientarán a asuntos vitales como el agua, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, mientras los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están orientados al hambre, la pobreza, la educación y la salud.

- Fortalecer al PNUMA

El fortalecimiento del PNUMA y la mejora de su eficiencia fue la respuesta dada a la propuesta inicial de convertirla en una agencia especializada de la ONU, con mayor poder y autonomía financiera, algo similar a lo que ocurre con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente francés, François Hollande, no contento con este resultado, sustentó que solo el fortalecimiento del PNUMA es “insuficiente” para tratar los temas medioambientales en el planeta.

- Financiamiento

El G77 más China pretendía la creación de un fondo verde de por lo menos 30.000 millones de dólares que financiaran el cumplimiento de las metas pactadas. Sin embargo, la propuesta tuvo el mismo final que otros puntos polémicos y fue eliminada del texto, debido a la fuerte oposición de países industrializados, que sufren actualmente una de las mayores crisis económicas y no quieren financiar el fondo.

“El documento resulta débil porque no incluye las obligaciones de los países desarrolladas para el financiamiento de políticas sostenibles””, afirmó René Pacheco, jefe del Equipo Negociador boliviano en la Río+20.

Empero, se definió la creación de un comité intergubernamental que diseñe la estrategia financiera para la implementación de los acuerdos a los que se llegó. Además, se concluyó que el financiamiento no pase sólo por el aparato público, sino que también  provenga del sector privado.

- Subsidios a combustibles fósiles

En 2009, el G20 decidió eliminar gradualmente los subsidios para combustibles fósiles hasta 2020, lo que reduciría la demanda de energía global y las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, el proceso no se inició y hasta hoy no se redefine el plazo. Y el texto final de la Río+20, vuelve a dictar la misma intención.

- Océanos

La declaración final compromete a la toma de “medidas para reducir la incidencia y los impactos de la polución en los ecosistemas marinos”. Se propuso que hasta 2025 los países actúen para alcanzar reducciones significativas en destrozos marinos para evitar daños al ambiente marino.

Además, compromete la adopción de medidas para evitar la introducción de especies marinas extrañas invasoras, y la administración de sus impactos ambientales adversos.

- Responsabilidades comunes, pero diferenciadas

En 1992, se estableció el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que luego guió acuerdos como el Protocolo de Kyoto. Se basa en que todos los países son responsables, pero quien contamina más (países ricos), debe combatir el problema con más fuerza y financiar los esfuerzos de quien contamina menos (países pobres).

Estados Unidos luchó para quitar este artículo, alegando que el mundo cambió y que los antes considerados países en desarrollo hoy contaminan tanto como los desarrollados. Sin embargo, el principio fue mantenido.

Descontento: Tímidos compromisos

En la noche del día 22, durante el cierre de la Río+20, el secretario general de la Cumbre, Sha Zukan, afirmó que “fue construido un gran legado sobre el futuro que queremos. Los líderes del mundo hicieron en Río una estructura de acciones. Juntos, debemos tener mucho orgullo de los resultados obtenidos a través del extraordinario liderazgo de Brasil”.

Sin embargo, su apreciación no fue compartida por muchos. Mientras Dilma, Sha Zukan y Ki-moon celebraban, otros coincidían en que los resultados de la cumbre tenían un sabor a poco.

Para Rafael Correa, presidente de Ecuador, la conferencia Río+20 fue “un fracaso, el documento final fue lírico, no hay compromisos concretos, mensurables o controlables, por eso todo continuará igual”.

El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, mostró su desilusión por los resultados presentados, afirmando que “al igual que muchos, nos sentimos desilusionados porque durante las últimas dos décadas, a pesar de algunos adelantos, no se ha progresado con la celeridad que el mundo reclama, y la conclusión de este cónclave no parece estar a la altura de lo que, para su reparación, nuestra madre tierra exige”.

Similar apreciación tuvo Claudia Salerno, viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, que en declaraciones a la agencia EFE dijo que los países desarrollados “no están dispuestos a impulsar las transformaciones necesarias porque sus economías no lo soportarían”.

Para algunos políticos, como el viceprimer ministro de Gran Bretaña, Nick Clegg, el resultado fue “insípido”. Ya la expresidenta irlandesa Mary Robinson dijo que el documento no es suficiente.

Y es que hasta los mismos representantes brasileños sintieron una falta de compromiso en la declaración final. Lo confirmó la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, en una conferencia de prensa donde criticó a los países ricos por no comprometerse con financiamiento, mientras las naciones más pobres sí asumieron compromisos más ambiciosos.

En una rápida declaración en pasillos de RioCentro, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso afirmó que “tenemos que aceptar que las soluciones para la pobreza y la desigualdad se encuentran en el desarrollo sostenible, y no en el crecimiento a cualquier costo”.

Miembros de organizaciones ambientalistas también se mostraron inquietos con los resultados presentados. Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, se reunió con Ban Ki-moon para entregarle un documento con críticas, donde se señalaba que “Río+20 ha sido un fracaso de proporciones épicas. El único resultado de esta cumbre es una rabia justificada, una rabia que debemos transformar en acción".

Posición boliviana

El presidente Evo Morales, durante su intervención en la plenaria de la Río+20, advirtió que la economía verde y el ambientalismo propuesto por el sistema capitalista son el “nuevo colonialismo”, con el que se pretende “someter” a los pueblos de los países emergentes.

“El ambientalismo es una estrategia imperial que cuantifica cada producto natural, lo traduce en dinero, en ganancia empresarial. Coloniza la naturaleza y la convierte la fuente de vida en un bien privado para beneficio de pocas personas”, dijo Evo.

Estas palabras del presidente fueron la confirmación de la posición boliviana ante la Río+20, donde el país destacó la importancia del agua para ejercer el derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Comunicación, para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que se reconozca al planeta como el hogar de todos y que la expresión Madre Tierra sea común para varios países y regiones. Esto ha sido reconocido en la cumbre, ya que el término “Madre Tierra” fue incluido como parte de la agenda de la conferencia.

Según declaraciones de Diego Pacheco, miembro del Equipo de Negociación boliviano para la Río+20, en las discusiones se ha logrado promover el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas” para lograr el desarrollo sostenible. Así también, la economía verde fue “degradada” y convertida a una herramienta para el desarrollo sostenible, habiéndose diluido el significado y el alcance de este concepto.

De esta forma, indica Pacheco, se ha establecido el rechazo nacional a la economía verde como un nuevo modelo de desarrollo, pues se trataría de la privatización de la naturaleza y la sociedad, con peores consecuencias que las ya hoy vividas. “Bolivia decidió por seguir el Vivir Bien como un desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, donde se conjugan y respetan los derechos de pueblos indígenas originarios campesinos y de los bolivianos”, señaló el representante boliviano.

Respecto a los subsidios a la energía, la posición de Bolivia fue contraria a la racionalización de los subsidios ineficientes a la energía fósil, al considerar que implicaría una reforma al sistema tributario nacional y a las regalías, además incompatible con la Constitución Política, siendo una intromisión a la soberanía nacional.

Bolivia mantuvo reserva sobre la noción de “mecanismos innovadores de financiamiento”, al considerar que podrían ser interpretados como fuente provenientes del mercado por el uso o disfrute de funciones y ciclos de la naturaleza.

El gobierno boliviano mantuvo su posición sobre la soberanía alimentaria en el marco del proceso del Saber Alimentarse para Vivir Bien, donde se especifica el derecho de los pueblos a definir sus políticas sustentables de producción, distribución y consumo que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población.